BERKELEY DEMANDA A ENUSA

Berkeley demanda a ENUSA más de 200 millones de dólares por “incumplimiento de contrato”. La empresa, de origen australiano, achaca a ENUSA toda la responsabilidad en la paralización del proyecto y ha iniciado el procedimiento de arbitraje internacional ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, con sede en París. En opinión de Berkeley y de sus asesores legales en España, ENUSA ha rechazado injustificadamente en varias ocasiones el cumplir sus obligaciones contractuales y, en particular, la constitución de la Joint Venture "Newco" (participada en un 90% por Berkeley y un 10% por Enusa) que debía haberse formalizado el 29 de Febrero de 2012 y no se ha realizado, lo que ha significado un claro incumplimiento del Acuerdo de Colaboración firmado en Enero de 2009.

A parte de haber cumplido todas sus obligaciones, Berkeley ha facilitado a ENUSA numerosas vías para alcanzar una solución satisfactoria que evitase el arbitraje, según explica la empresa. También, asegura, ha concedido a ENUSA numerosos aplazamientos del plazo prefijado para la formación de "Newco", a la vez que ha ofrecido alternativas viables para llevar a cabo el proyecto.

El Acuerdo de Colaboración establece que las consecuencias del incumplimiento del mismo supone la obligación por parte de ENUSA de reembolsar a Berkeley el valor del daño emergente consistente en las inversiones y los gastos incurridos por ésta, así como cualquier daño y perjucio causado, incluido el lucro cesante, y que Berkeley estima en 200 millones de dólares USA.

Tal y como Berkeley comunicó a ENUSA y se desprende de los estudios realizados, la puesta en marcha del proyecto implicaría la creación de 600 empleos durante la fase de construcción y entre 250 y 300 empleos durante la fase de operación. La puesta en explotación del proyecto no implicaría coste adicional para ENUSA ya que el 100% de la inversión sería pagado por Berkeley, aunque ENUSA y el Estado Español percibirían, considerando el 10% de dividendos, canon de producción y los correspondientes impuestos, más de 154 millones de euros, según el caso base. La inversión del proyecto, gran parte de las cuales redundarían en la Comunidad, podría ascender a 958 millones de euros, repartidos entre inversiones de capital en activos (labores de construcción de mina, accesos y planta: 257 millones de euros); restauración y clausura (56 millones de euros); y costes de operación (644 millones de euros).